El alto tribunal declaró exequibles dos artículos del Código Civil que los califican como “inmuebles por destinación”.

El alto tribunal declaró exequibles dos artículos del Código Civil que los califican como “inmuebles por destinación”.

Edimedios.Es decir, como objetos que se pueden usar, cultivar o de los que se  puede obtener cualquier beneficio para sus tenedores.

La Corte determinó que los artículos 355 y 358 del Código Civil, que establecen la condición de bienes inmuebles a toda especie de animal no silvestre, no son contrarios al orden jurídico ni a la Constitución por cuanto la Ley 1774 de 2016, que los normatiza, “reconoce su calidad como seres sintientes”.

El fallo de la Corte advierte, sin embargo, que no cabía hacer el análisis acerca de que los animales son titulares de derechos y sujetos de protección constitucional contra el  maltrato, como pretendía el demandante de la norma,  porque la ley ya lo ha contemplado así.

O que el empleo de palabras tales como “cosa”, “mueble” o “inmueble”, no provocan una “una afectación negativa o un detrimento en las condiciones de vida de los animales”.

La Corporación puntualizó que las disposiciones demandadas contienen una calificación de los bienes en muebles e inmuebles, y que en ella se incluye a los animales, en cuanto que sobre ellos es posible constituir derechos reales y realizar operaciones propias del tráfico jurídico”, consigna el fallo.

En consecuencia, el tribunal constitucional sostiene el principio de que cualquier animal (semoviente) puede ser “objeto de distintas modalidades de la negociación jurídica, sino que en nada afecta la regulación contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de protección a los animales”.

No obstante, el magistrado Jorge Iván Palacio salvó su voto al considerar que la Corte se equivocó al simplificar la discusión en términos lingüísticos y de normatividad para proteger el comercio de animales, cuando el tema central de la demanda eran los derechos de estos.

Palacio advierte que esta decisión representa un estancamiento de la ley y no contribuye a mejorar las normas tendientes a la protección animal.

Fuente: 

Corte Constitucional

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